Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e independientes afines al segundo, aprobaron una reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche para que construcciones oficiales, como la del Tren Maya y el Tren Ligero, no tengan que cumplir con los requisitos estatales y municipales, como los de no impacto ambiental y afectación a la traza urbana.

El 16 de mayo, el Ayuntamiento de Campeche suspendió los trabajos de la construcción del Tren Ligero, una obra complementaria del Tren Maya, por no cumplir con las licencias necesarias para la construcción, así como para prevenir afectaciones viales y de impacto ambiental, dando un plazo de 5 días para que los responsables inicien los trámites.

Al no respetar la disposición, la autoridad municipal demandó penalmente al Ejército y a la empresa Mota Engil, que opera los trabajos.

El Tren Ligero cuenta con una inversión de poco más de cuatro mil millones de pesos, y prevé la construcción de 14 estaciones que vincularán la terminal del Tren Maya con el centro histórico de la ciudad, a través barrios tradicionales y avenidas importantes, algunas de ellas en zonas inundables, que obligarán, según sus constructores, a detener operaciones cuando haya inundaciones.

La nueva legislación anexa a la Ley de Obras Públicas del Estado, el nuevo concepto legal de Obra Pública de Interés Estatal de Gran Impacto, el cual excenta de obtener licencia de construcción para su ejecución a los proyectos que se dictaminen como tales.

(La de Interés Estatal de Gran Impacto) es toda obra pública que presente relevantes beneficios para las personas que se encuentren en la Entidad o de gran trascendencia para el Estado () como puede ser la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo, reza la iniciativa presentada por la diputada Elda Castillo Quintana, de Morena.

La reforma aprobada por la mayoría del Congreso de Campeche faculta al Ejecutivo estatal para definir las obras públicas que gozarán de este beneficio, las cuales podrán ser realizadas por el gobierno estatal o federal y deberán aportar beneficios para los habitantes o visitantes del estado, en el ámbito del transporte, la construcción, la administración y los servicios públicos.