La captura de Ángel Aguirre representa una nueva línea dentro del caso Ayotzinapa, centrada en esclarecer el destino de las grabaciones que presuntamente mostraban parte del recorrido y la detención de los estudiantes en Iguala.

Más de una década después de la desaparición de los 43 normalistas, la Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador Ángel Aguirre Rivero por su posible intervención en el ocultamiento de evidencia. La investigación pretende establecer si funcionarios estatales participaron en una operación destinada a impedir que videos de seguridad llegaran a manos de las autoridades.

El material investigado fue grabado en los alrededores del Palacio de Justicia de Iguala y habría documentado la actuación de policías municipales contra uno de los autobuses ocupados por los estudiantes. La existencia de estas imágenes ha sido señalada durante años por familiares, representantes y organizaciones que han exigido conocer por qué desaparecieron de los registros oficiales.

De acuerdo con los señalamientos conocidos hasta ahora, el entonces mandatario estatal habría dado instrucciones para desaparecer los videos y evitar que quedaran integrados en la investigación. La Fiscalía deberá demostrar ante un juez si la orden existió, quiénes participaron en su cumplimiento y qué información contenían realmente las grabaciones.

La detención se suma a otros procedimientos emprendidos durante los últimos años contra exfuncionarios y personas relacionadas con el caso. Sin embargo, el principal reclamo de las familias continúa siendo conocer el paradero de los jóvenes, pues hasta ahora solamente han sido identificados los restos de tres estudiantes y permanecen abiertas numerosas líneas de investigación.