Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron que no harán uso de las nuevas camionetas blindadas adquiridas recientemente, luego de las críticas expresadas en la opinión pública por su costo, estimado en alrededor de 2.4 millones de pesos por unidad. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la decisión responde a un ejercicio de austeridad y a la disposición de atender el escrutinio ciudadano.

En conferencia de prensa realizada en la sede del máximo tribunal, Aguilar Ortiz, acompañado por cinco ministros y por el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, sostuvo que la compra de los vehículos fue justificada y formó parte de un programa integral de renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF), que contempla la sustitución de 571 unidades.

Los funcionarios señalaron que la adquisición se realizó por motivos de seguridad vial, derivados del desgaste mecánico y del vencimiento de la vida útil del blindaje de vehículos en uso, algunos de ellos con más de una década de antigüedad. Indicaron que los dictámenes técnicos y análisis de riesgo internos respaldaron la decisión, la cual, además, permitiría generar ahorros superiores a mil millones de pesos en un periodo de tres años.

Aguilar Ortiz enfatizó que la actual integración de la Corte busca diferenciarse de prácticas anteriores y reiteró que la austeridad no debe entenderse como un gesto simbólico, sino como una política que no afecte el funcionamiento institucional. Añadió que los ministros pueden trasladarse en transporte público o en otros medios para cumplir con sus actividades.

Durante la conferencia surgieron señalamientos sobre la adquisición de vehículos y obras de arte por parte de ministros en retiro. El ministro Arístides Guerrero García afirmó que integrantes de la Corte anterior habrían adquirido las mejores unidades al concluir su encargo. Posteriormente, Aguilar Ortiz aclaró que dichas adquisiciones se realizaron mediante un esquema de compra autorizado por acuerdos plenarios previos, con base en avalúos internos, y descartó que se tratara de un robo.

Guerrero García no precisó qué obras de arte estarían involucradas ni si existen denuncias formales, y señaló que las auditorías en curso permitirán esclarecer esos señalamientos. También cuestionó la práctica de permitir la compra de vehículos a costos bajos, al considerar que no es compatible con criterios de austeridad.

El ministro presidente explicó que desde 2010 los ministros cuentan con esquemas de seguridad acordes con la responsabilidad del cargo, incluido el uso de vehículos blindados. Detalló que la integración anterior de la Corte contaba con 43 unidades, mientras que la actual recibió 39, debido a que cuatro fueron adquiridas por ministros en retiro.

Finalmente, Aguilar Ortiz informó que, ante las críticas, el Pleno de la SCJN acordó no utilizar las camionetas recientemente adquiridas y evaluar su eventual asignación a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, conforme al marco legal. Asimismo, se prevé la venta de 21 unidades como parte del proceso de desincorporación del parque vehicular.

Por su parte, Néstor Vargas explicó que el cambio del esquema de arrendamiento a compra permitirá que los vehículos formen parte del patrimonio del PJF y genere ahorros a mediano plazo, bajo criterios de eficiencia, transparencia y racionalidad del gasto.3