Un juez federal impone prisión preventiva justificada y abre un nuevo proceso penal por la presunta distracción de cinco millones de pesos en Veracruz

La salida de prisión de Javier Duarte, programada para el 15 de abril de 2026, se complica tras la decisión de un juez federal de vincularlo a proceso por su presunta participación en el desvío de cinco millones de pesos destinados a un programa social para personas vulnerables en Veracruz.

Durante una audiencia que se prolongó por casi 11 horas, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos suficientes para considerar que el exgobernador formó parte de un esquema de desvío de recursos públicos federales, presuntamente operado mediante la triangulación de cuentas bancarias por colaboradores que laboraban en la Secretaría de Finanzas de Veracruz (Sefiplan).

Con esta resolución, Duarte deberá enfrentar un nuevo proceso penal, adicional al que concluiría en abril. El juez también impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que existe riesgo de fuga, lo que dificulta su eventual excarcelación en la fecha prevista.

Al término de la audiencia, Duarte declaró: no me encuentro sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia.

La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, señaló presuntas irregularidades en la determinación judicial. Sostuvo que el juez no detalló con precisión el modo, tiempo y lugar de la supuesta participación de su cliente en el delito, y afirmó que se modificaron los hechos originalmente imputados.

Según lo expuesto en audiencia, el juez consideró acreditado que, mediante la publicación de una gaceta oficial en Veracruz el 19 de diciembre de 2011, Duarte avaló que al menos tres funcionarios de Sefiplan operaran el desvío de cinco de los 10 millones de pesos depositados por la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Salud estatal para el mejoramiento de dos hogares destinados a personas en situación vulnerable.

De acuerdo con la investigación, los recursos habrían sido transferidos a una cuenta bancaria de BBVA, donde se concentraron cinco millones de pesos que no fueron aplicados al fin previsto.

El juzgador también tomó en cuenta declaraciones y pruebas documentales, incluidos dictámenes periciales y estados de cuenta bancarios. Entre los elementos valorados figura el testimonio de un colaborador de la Fiscalía, Antonio Tareq Abdalá Saad, quien afirmó que Duarte entonces en funciones como gobernador sostenía reuniones con los funcionarios implicados y estaba al tanto de las operaciones.

Con base en estos indicios, el juez concluyó que el exmandatario habría dado órdenes para llevar a cabo el desvío, en un esquema que consistía en triangular recursos federales etiquetados hacia una cuenta concentradora, desde la cual se habrían utilizado para cubrir otros compromisos financieros del gobierno estatal, como pagos y salarios, en lugar de destinarlos a los programas sociales previstos.