Estados Unidos confisca más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro

Entre los bienes confiscados figuran aviones de lujo, propiedades y hasta una granja de caballos
El Gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos relacionados con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles, declarada organización terrorista por la administración del expresidente Donald Trump en julio pasado.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, confirmó este miércoles en una entrevista con Fox News que las autoridades han asegurado bienes diversos, incluidos aviones, mansiones, vehículos, joyas y dinero en efectivo. La funcionaria afirmó que los activos están vinculados a operaciones ilícitas presuntamente encabezadas por Maduro y funcionarios de alto nivel de su gobierno.
"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", señaló Bondi, quien además reiteró que, a pesar de las acciones tomadas, "el régimen de terror continúa".
Entre los bienes confiscados figuran dos aviones de lujo, propiedades en Florida y República Dominicana, una granja de caballos, nueve vehículos y una cantidad no especificada de joyas y efectivo, según explicó la fiscal.
Nicolás Maduro fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EE.UU. en marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, por cargos de narcotráfico, terrorismo y corrupción. Las autoridades estadounidenses sostienen que el Cártel de los Soles está conformado por altos mandos del gobierno y fuerzas armadas venezolanas.
La semana pasada, el Gobierno de EE.UU. duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares.
Reacción de Venezuela
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la reciente confiscación de activos. En ocasiones anteriores, Maduro ha negado todas las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de agresión por parte de Washington.
La medida forma parte de una política sostenida por Estados Unidos para presionar al gobierno venezolano, al que ha sancionado económica y diplomáticamente durante los últimos años.